De acuerdo con los resultados de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 10‐0‐27100‐02‐1184, practicada en 2011 al la gestión de la Secretaría de la Función Pública por la Auditoría Superior de la Federación, y que forma parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 (presentado en marzo de 2012),1[1] se observaron rezagos de diversa índole en algunas de las principales tareas sustantivas de esta dependencia federal, especialmente en las relacionadas con el control y vigilancia de la Administración Pública Federal. Se destacó entonces, por ejemplo, que el sistema operativo y de evaluación prevaleciente entre los Órganos Internos de Control en cada una de las dependencias y entidades se desarticulaba con una frecuencia casi anual. Esto daba como resultado el sucesivo traslape de nuevos y “mejores” indicadores incomparables entre sí, impidiendo una adecuada labor de seguimiento al trabajo de estas unidades administrativas. Por tal razón, los cálculos muestreados por la ASF resultaron en su mayoría erróneos; al igual que las cifras difundidas en informes públicos y de gobierno sobre el desempeño de estas instancias, pues no siempre correspondían a datos confiables.
En particular, resultó escandaloso conocer el destino de las quejas y denuncias ciudadanas así como las sanciones que, en su caso, resultan. En general éstas no prosperaban ni resultaban en castigos hacia los servidores públicos indiciados, en razón del deficiente apoyo hacia los denunciantes y la desestimación frecuente por toda clase de causas. Incluso, cuando se obtenían consecuencias de las denuncias, las sanciones económicas representaron sólo el 9% del total de las medidas tomadas en contra de servidores públicos. Lo cual, a su vez, evidenció la debilidad del esquema de coordinación y control para el cobro de multas mediante el Servicio de Administración Tributaria. La ineficacia de las sanciones trascendió hasta la detección esporádica, por el ente fiscalizador, de un servidor público que continuaba prestando sus servicios a pesar de haber sido inhabilitado.
Esta información resultó de obvio y especial interés para el equipo de investigación de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C., que ha dedicado sus esfuerzos a conocer cómo funcionan los mecanismos de participación ciudadana favorables a una mayor transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, al combate de la corrupción en nuestro país. Fue importante constatar que, sobre el objetivo principal de lograr disuadir a los servidores públicos de la realización de actos ilícitos, poco se había avanzado en virtud de la ineficiencia del sistema de denuncias y quejas actual (desde su andamiaje institucional) para hacer valer la voz de la ciudadanía que, con alguna expectativa, denuncia.
Al tiempo, empero, era del conocimiento de este equipo que no sólo mediante la denuncia es posible realizar avances contra la corrupción. Como se ha demostrado en estudios pasados (como el realizado en 2011 sobre la figura del Testigo Social), existen otros mecanismos que pueden auxiliar a la gestión pública de manera eficaz para controlar el fenómeno de la corrupción, mediante la adecuada articulación de la sociedad y el gobierno sobre un paradigma de corresponsabilidad.
Fue así que surgió el interés de realizar este estudio, que tiene por objetivo principal conocer de qué manera funcionan algunos modelos de incidencia de la ciudadanía en la política pública del combate a la corrupción. El mismo tuvo la buena ventura de ser favorecido entre otros tantos proyectos inscritos en la Convocatoria 2012 del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social en su Vertiente de Investigación (al igual que el proyecto de investigación realizado el año anterior).
El presente estudio se desarrolla, entonces, sobre el marco jurídico internacional respecto del combate a la corrupción que efectivamente combina las medidas al alcance de los gobiernos con la necesaria participación ciudadana, conforme a nuestras inquietudes de estudio. Siendo el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, el principal ejecutor de acciones en nuestro país sobre el tema, el espectro de la investigación era claro desde el principio. Se concretó este hecho en atención al marco jurídico suplementario desarrollado por este orden de gobierno a partir de las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Eje 1, Estado de Derecho y Seguridad); especialmente, la estrategia sectorial denominada Programa Nacional de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 2008-2012 (PNTRCC). Esto determinó, por tanto, el alcance temporal del estudio: el sexenio que recién ha concluido.
El proyecto “La sociedad civil en el combate a la corrupción: estudio de modelos de incidencia en la política pública federal en la materia” se diseñó entonces sobre la posibilidad de realizar hallazgos mucho más alentadores sobre el combate a la corrupción que lo encontrado en su momento por la Auditoría Superior de la Federación. Para ello, tomó como objeto de estudio cinco mecanismos de participación ciudadana que se desarrollan en el marco del PNRCTCC: la Contraloría Social, el Monitoreo Ciudadano, los Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad, el Testigo Social y el Gobierno Abierto.
[1] Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, Auditoría Superior de la Federación, México: 2012.
