Declaración de la UNCAC Coalition ante la 9ª sesión de la Conferencia de los Estados Parte a la CNUCC
Las organizaciones de la sociedad civil miembro de la UNCAC Coalition de América Latina, entregamos este escrito con el fin de contribuir a las discusiones de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), reunidos en conferencia por novena vez.
Ante todo, consideramos que el control efectivo de la corrupción en la región debe darse de manera conjunta y colaborativa entre gobiernos nacionales y subnacionales, en un esfuerzo fundamentalmente sin fronteras. Por ello, llamamos a los Estados Parte a avanzar con herramientas que faciliten la investigación conjunta en delitos de corrupción.
Proceso de examen de la CNUCC
El proceso de examen de la implementación de la CNUCC debe ser un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que incorpore a todas las personas sin distinción de raza, género, clase, etnia, ubicación geográfica, idioma. Los Estados Parte aún no han incorporado lo suficientemente a la sociedad civil, la academia, y la ciudadanía en procesos de consulta y de rendición de cuentas respecto a la implementación local de la CNUCC.
Los Estados Parte deben:
- Informar de manera oportuna sobre cronogramas de evaluación, puntos focales, y los actores que serán consultados, y comprometerse a cumplir con las exigencias del proceso de examen de la implementación de la CNUCC;
- Consultar proactivamente a la sociedad civil en las diferentes etapas del proceso de examen;
- Publicar en tiempo, forma y de manera accesible de todos los documentos relacionados con el proceso de examen, incluyendo todos los informes completos y los cuestionarios de autoevaluación.
Derecho al Acceso a la información
Si bien la región ha tomado importantes pasos incorporando normas de acceso a la información, este derecho continúa siendo vulnerado por acciones y omisiones de actores públicos en toda la región.
Los Estados Parte deben:
- Fortalecer los mecanismos de acceso a la información existentes, dando pasos efectivos para erradicar la cultura del secreto en la gestión pública, fomentando políticas de transparencia proactiva en todos los niveles de gobierno;
- Asegurar la accesibilidad de la información pública, expresada en lenguaje claro, en los formatos y medios que faciliten la participación, dando preferencia a un formato de datos abiertos para un mejor análisis;
- Empoderar a los organismos garantes de acceso a la información y transparencia, aumentando sus facultades y autonomía.
Contrataciones públicas
Evaluamos que hay un problema regional en torno a los sistemas de compras y contrataciones públicas: la asignación arbitraria, sin control y poco transparente a lo largo de los años, ha provocado daños irreparables en las economías e instituciones de la región.
Los Estados Parte deben:
- Implementar el Estándar de Contrataciones Abiertas[1] en todos los ámbitos del sector público, como también plataformas electrónicas de compras y contrataciones públicas e instancias de participación ciudadana;
- Establecer la obligatoriedad de publicidad de todos los contratos suscritos por el Estado, con excepciones demarcadas explícitamente y con acorde justificación, limitando la suscripción de cláusulas de confidencialidad incorporadas en los contratos públicos;
- Establecer sistemas de adjudicación que incorporen razonamiento fundamentado por la selección de ofertas, limitando y controlando el uso de las adjudicaciones discrecionales, procurando lograr que estas sean de carácter estrictamente excepcional.
Integridad y transparencia en el sector privado
Se necesita una cultura de intolerancia de la corrupción en el sector privado, para desincentivar tácticas corruptas con el objetivo de ganar ventajas en el mercado, y exigir transparencia a las empresas públicas para poder vigilar activamente a este sector vulnerable a la corrupción.
Los Estados Parte deben:
- Obligar a empresas privadas a contar con programas de cumplimiento, anticorrupción y antilavado de dinero, así como tener estándares mínimos y comprensivos de su contabilidad;
- Legislar sobre la atribución de responsabilidad penal a las empresas ante hechos de corrupción;
- Digitalizar los registros públicos de empresas, brindando un servicio de información gratuito y en formato abierto, accesible y fácilmente reutilizable;
- Crear un Registro Público de Beneficiarios Efectivos accesible, entendidos como personas físicas o naturales quienes, directa o indirectamente y, en última instancia, poseen, influencian, controlan o se benefician;
- Cooperar entre los Estados Parte de la región para establecer un mínimo estándar de datos de los Registros Públicos que permita el cruce de información entre países.
Gestión de los conflictos de interés y patrimonio de los funcionarios públicos
Los Estados de la región han elegido mantener las intersecciones entre la esfera pública y privada de los funcionarios públicos ocultas de la ciudadanía. Es importante transparentar posibles conflictos de interés para permitir un mayor control ciudadano de los asuntos públicos.
Los Estados Parte deben:
- Exigir a los servidores públicos de los tres poderes la publicación de sus declaraciones patrimoniales -incluyendo a cónyuges e hijos menores- de conflictos de interés, y de sus antecedentes profesionales;
- Implementar mecanismos eficaces de control que permitan la verificación oportuna de las Declaraciones Juradas, y la real sanción ante el incumplimiento de estas obligaciones;
- Establecer medidas para prevenir las “puertas giratorias” y regular el tráfico de influencias en las decisiones públicas mediante el lobby político;
- Colaborar con los Estados Parte de la Región para desarrollar protocolos y procedimientos de consulta y cruce de datos de declaraciones juradas entre países para verificar datos sobre bienes radicados en otra jurisdicción.
Criminalización, investigación y sanción de delitos de corrupción
Consideramos que la calidad y la implementación de las leyes anticorrupción no son uniformes en la región, y que muchas sufren de vacíos legales que las anulan. Los Estados deben evitar la obsolescencia de estas leyes, incorporando nuevos fenómenos de corrupción que surjan.
Los Estados Parte deben:
- Implementar, reglamentar, y hacer cumplir normas anticorrupción vigentes de manera oportuna y respetando los procedimientos y garantías legales que dispone cada Estado Parte, garantizando que ciertos actos tipificados como faltas menores se judicialicen y se sancionen con mayor gravedad;
- Incorporar un enfoque basado en derechos humanos en el que se transversalice la perspectiva de género en la implementación de políticas y normas anticorrupción;
- Adoptar mecanismos eficaces para prevenir, identificar, y sancionar delitos como la “sextorsión,” y la corrupción judicial y policial que facilitan la impunidad para violadores de los derechos de las mujeres, el colectivo LGTBIQ+, y otros grupos vulnerados.
- Criminalizar la corrupción privada y crear instrumentos para retener criminalmente a personas involucradas en corrupción privada;
- Garantizar la existencia de órganos de control independientes y autónomos con asignación y rotación periódica y transparente de sus autoridades. Deben contar con facultades de fiscalización efectiva y facultades sancionatorias, con los recursos humanos, financieros y de capacitación adecuados para realizar sus tareas.
Reparación del daño provocado por la corrupción y recuperación de activos
La sanción de los delitos de corrupción, especialmente los casos de gran corrupción, debe terminar invariablemente en la recuperación del dinero robado, independientemente de las penas de privación de la libertad o cualquier medida que pueda contemplarse adicionalmente. Asimismo, los fondos provenientes de la corrupción deben volver a los estados de donde se originaron.
Los Estados Parte deben:
- Implementar mecanismos para la recuperación de bienes provenientes de la corrupción previendo la posibilidad de utilización social de los bienes hasta el momento de la sentencia que establezca el decomiso;
- Generar procesos de reparación del daño a las víctimas de hechos de corrupción que garanticen una adecuada compensación y reparación de los daños causados, identificando a las personas o comunidades afectadas por estos hechos corruptos y los derechos impactados;
- Establecer mecanismos que permitan a las víctimas de los delitos de corrupción acreditarse como parte civil en los procesos penales e incluir la figura del querellante colectivo en casos de corrupción relevantes;
- Establecer nuevos acuerdos multilaterales para facilitar el intercambio de información, congelamiento o embargo de fondos provenientes de la corrupción, y la transferencia de fondos recuperados a los países de origen con la mayor publicidad posible.
Protección de whistleblowers, denunciantes y testigos de la corrupción
América Latina es una de las peores regiones del mundo en cuanto a las represalias violentas hacia periodistas[2]2, activistas ambientales[3]3 y de derechos humanos[4]. Esta situación se traduce a la lucha contra la corrupción, existiendo en toda la región situaciones problemáticas relacionadas al trato de whistleblowers, denunciantes y testigos de la corrupción.
Los Estados Parte deben:
- Generar mecanismos legales e institucionales para la protección real de denunciantes de corrupción, tomando especial consideración de las denunciantes mujeres y de grupos vulnerables;
- Establecer medidas de protección para personas que hayan alertado sobre prácticas o hechos corruptos, delictivos, o no éticos, tanto en el sector público como en el privado;
- Garantizar el pleno ejercicio de la sociedad civil de la libertad de prensa en lo que respecta la protección de periodistas y organizaciones de sociedad civil de represalias por su investigación, publicación y difusión de casos de corrupción.
.png){kind=logo}